Impuestos para empresas subirían 48% con reforma
Martes 29 de Noviembre de 2011 - 22:53 |
La empresa privada mostró ayer su rechazo a la propuesta del Ejecutivo y considera que no es una solución integral al problema fiscal, pues no aborda el gasto “excesivo” del Estado. Redacción Diario El Mundo Si la Asamblea Legislativa aprueba las reformas al Impuesto sobre la Renta (ISR), presentadas ayer por el Ejecutivo, las empresas pagarían casi 50% más en impuestos. El gobierno entregó ayer un anteproyecto de reformas a la ley del ISR y al Código Tributario, que incluye gravar con una tasa del 10% los dividendos de inversionistas, accionistas y socios de empresas; y también propone elevar del 25 al 30% la tasa de renta para las personas jurídicas, es decir, empresas. Así, por ejemplo, si una empresa tiene una utilidad neta de $100, con la reforma pagaría $30 de ISR. Los $70 restantes, que son los que se repartirán entre los socios, pagarían otros $7. En total, las arcas del Estado recibirían $37. Con la ley actual, las empresas únicamente pagarían $25, que es la tasa del 25% de renta. Es decir, de aprobarse las reformas, esa empresa pagará $12, es decir, 48% más. El gobierno pretende que estos cambios entren en vigencia el 1 de enero de 2012. Además de gravar los dividendos, también se propone tasar con el 10% a las sumas de dinero o bienes en especie que se entreguen en concepto de préstamos, mutuos, anticipos u otra forma de financiamiento no sólo a sus socios, también a sujetos o entidades ubicados en el exterior, “en países, estados o territorios de baja o nula tributación o paraísos fiscales”; así como a la casa matriz ubicada en el exterior, o a una sucursal, agencia u otro establecimiento relacionado con la casa matriz. Las utilidades que reciba el Estado y sus dependencias, las alcaldías u otro ente público estarían exentas de este impuesto. Para asalariados En la propuesta se hacen varios cambios en el impuesto a la renta que pagan las personas naturales. El gobierno propone aumentar el techo de ingresos anuales que están exentos del pago de la renta. Actualmente, la renta exenta es $2,514.29 anuales y el proyecto propone elevarlo a $4,064. Por otra parte, las personas naturales cuyos ingresos anuales no superen los $9,100 “no estarán obligadas a presentar liquidación y tendrán derecho a una deducción fija de $1,600, la cual va incorporada en la cuota de retención a que están afectas”, señala la propuesta de reforma al numeral 7 del artículo 29 de la ley del ISR. Esto implica que se les haría una especie de “cobro exacto” de la renta. Las personas con ingresos anuales superiores a los $9,100 no tendrán derecho a ese “cobro exacto”, pero sí a las deducciones que ya establece la ley: los $800 por educación y otros $800 por salud. El cambio más sustancial en la tabla para calcular el ISR es en el tramo de los ingresos más altos. Quienes ganen más de $21,500 pagarán el 30% - ya no el 25% - sobre el exceso de $21,000 más $3,186.60. Esta cuota actualmente es de $3,462.85. Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo amplía, para los asalariados, el tramo de ingresos que no está obligado a presentar declaración. Actualmente, las personas asalariadas que ganen menos de $5,714.28 al año no están obligadas a declarar. La reforma eleva ese techo a $60,000 al año, pero aclara que el impuesto a pagar por estas personas será igual a la suma de la retenciones efectuadas. 30% Las personas jurídicas calcularán su impuesto aplicando a su renta imponible una tasa del 30%. 42% Se estima que la evasión del Impuesto sobre la Renta, en el país, alcanza el 42%. Los principales cambios propuestos
La figura de la deducción fija que propone el gobierno en su paquete de reformas es nueva, no se contempla en la ley actual. La aplicación de esta medida ya se había anunciado el año pasado, cuando Hacienda reveló que trabajaba en un proyecto de simplificación tributaria. Básicamente es una especie de “cobro exacto” de la renta y sólo tendrían derecho a ella las personas naturales cuyos ingresos anuales no superen los $9,100. A ellas se les aplicaría la deducción fija de $1,600, que estaría incluida en la cuota de retención, explica el anteproyecto de reformas presentado ayer.
Otro de los cambios sustanciales está relacionado a los techos. Por una parte, el Ejecutivo propone elevar la renta exenta a $4,064 anuales. En la ley actual, los ingresos anuales inferiores a $2,514.29 no pagan impuesto sobre la renta. Este cambio implicaría que los salarios mensuales inferiores a los $338 no pagarían este tributo. La otra modificación que sugieren es que los ingresos que no superen los $60,000 anuales no estén obligados a declarar. Actualemnte, la Ley del Impuesto sobre la Renta afirma que quienes ganen menos de ¢50,000 no deben declarar, es decir, menos de $5,714.28.
El impuesto del 10% con el que se pretende gravar a los dividendos fue derogado hace unos años porque se consideraba doble tributación, porque las empresas ya pagan el ISR de sus utilidades. Este tributo, según la reforma propuesta, se aplicará a las ganancias que las empresas pagan a sus accionistas, socios o inversionistas. También, se gravaría con 10% los préstamos que hagan las empresas a sus socios. Hace una semana, el FMLN presentó su propio paquete de reformas para el impuesto sobre la renta, pero en éste no se incluía el tributo a dividendos.
El Ministerio de Hacienda, en la pieza de correspondencia que entregó ayer a la Asamblea Legislativa, asegura que las reformas están orientadas a disminuir “los inconvenientes administrativos” que se genera por la cantidad de devoluciones que se tramitan cada año. Hacienda señala que procesa y verifica más de 400,000 devoluciones anuales, lo que ocasiona “contratiempos y costos administrativos a los contribuyentes asalariados y a la Administración Tributaria”. Por ello, pretenden que la reforma entre en vigencia el 1 enero del próximo año. $3,200 MILLONES Según las estimaciones de la CCIES, 2011 cerrará con $3,200 millones en ingresos tributarios. $649 MILLONES La Cámara calcula que este año se gastarán $649 millones en subsidios. La empresa privada rechaza las reformas Afirma que el gobierno debe primero ser más austero en su gasto, antes de pedir una mayor recaudación. Maryelos Cea Diario El Mundo La empresa privada rechazó ayer, tajante, las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Tributario, propuestas por el Ejecutivo. Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), criticó, en primera instancia, el “tono” en el que la Secretaría Técnica y el Ministerio de Hacienda les comunicaron sus intenciones. Cardenal reveló que el lunes fueron convocados a Casa Presidencial, donde se les informó que ayer se presentaría el paquete de reformas. Aseguró que los funcionarios señalaron que la reunión era “de cortesía” y no para “pedir opinión”. Por otra parte, el presidente de la gremial también criticó que las reformas no abordan la problemática fiscal de manera integral, pues buscan una solución únicamente por la vía de los ingresos, sin tomar en cuenta los gastos. “Este gobierno es el que más plata ha tenido y no se ven los resultados”, criticó. La Cámara señaló que el gasto público, respecto al PIB, ha crecido “desmedidamente”, pues para este 2011 se espera que llegue al 19%. Mario Magaña, director de asuntos económicos de la Cámara, aseguró que buena parte de los recursos del Estado se han destinado a financiar gasto corriente, como remuneraciones, compra de bienes y servicios, y subsidios. La Cámara también reiteró que el fortalecer el crecimiento económico, a través de más atracción de inversión, es la vía para aumentar los ingresos. Magaña aseguró que la recaudación creció más en los años en los que la economía también presentó mayores avances. En días anteriores, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, también había mostrado su rechazo a aumentos de impuestos. No toman en cuenta las propuestas La Cámara de Comercio también lamentó que el Ejecutivo no tome en cuenta las propuestas que la gremial ha hecho este año para resolver la problemática fiscal. La gremial recordó que en septiembre presentaron una serie de medidas que, de aplicarse, podrían aportar más de $400 millones. Entre ellas está incluir al sector informal en la base tributaria y racionalizar el gasto en los subsidios de energía eléctrica y propano; así como congelar la contratación de más plazas públicas. |
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